La discapacidad mental es una cuestión de derechos humanos
Toda discapacidad mental o psicosocial produce una
situación de vulnerabilidad personal, social y jurídica. En diversos
lugares del mundo, la sociedad moderna estigmatiza, devalúa, discrimina,
abandona, aparta y excluye a muchos sufrientes mentales cuya dignidad
se ve seriamente afectada. Si además son pobres, no acceden a
tratamiento ni a rehabilitación; cuando permanecen institucionalizados,
pierden las relaciones familiares y sociales y suelen terminar asilados,
fuera del sistema legal. La Constitución, de hecho, los excluye. La
externación, en muchos casos –a veces luego de largos años de
reclusión–, es resistida por la propia institución, por algunos
profesionales de la salud –el paciente más seguro es el internado–, por
sus propios allegados y vecinos. En síntesis, la misma sociedad genera
su apartamiento.
La persona institucionalizada queda
